Estafa a la AFIP | La “banda” tenía tarifa fija para achicar las deudas con el organismo

La investigación por el millonario desfalco a la Afip local, por parte de una presunta banda que creaba empresas fantasmas que emitían facturas apócrifas a nombre de grandes contribuyentes y así evadir el impuesto IVA, dio un resonante giro.

El juez federal Sebastián Argibay dio detalles de la causa que llevan adelante en las oficinas de Santiago del Estero.

Los investigadores descubrieron al analizar pruebas obrantes en el expediente, entre ellas escuchas telefónicas de los imputados, que había empleados o funcionarios “infieles” que hacían desaparecer o reducían notablemente los montos de deudas millonarias de empresas importantes y de particulares.

Hasta el momento se descubrieron 45 casos y están en estudio otros 85. Esto hace presumir a las autoridades judiciales, que la evasión detectada en la primera parte de la investigación, de $800 millones, sea al menos del doble de ese monto. Se trataría así, de la mayor estafa al erario que se investiga en la Justicia Federal local.

Durante la investigación -a cargo del fiscal federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, Pedro Simón; y del secretario especialista en materia penal tributaria y aduanera, Pedro Basbús Turk– se comprobó que sin resolución o acto administrativo de autoridad alguna de la Afip local, se borraban del sistema o se reducían los montos millonarios que grandes contribuyentes, empresas -principalmente- y particulares, le debían al fisco nacional.

La Justicia Federal viene solicitando informes desde hace meses a la delegación local de la Afip, que indique quiénes son los agentes, empleados o funcionarios, que intervinieron para conceder este “perdón” fiscal. Los investigadores entienden que debe haber rastros en el sistema interno del organismo recaudador, que lleve a identificar a los agentes que dieron de baja las deudas o que las redujeron. La sospecha es que a cambio de este “servicio ilegal” se habrían cobrado importantes sumas de dinero en concepto de coimas. También, se quiere determinar quiénes fueron los grandes contribuyentes beneficiados y en qué monto evadieron impuestos.

Sin embargo, desde la Fiscalía Federal Nº 1 señalaron a este medio que advierten poca colaboración, ya sea porque se demoraron en contestar los pedidos de informe o porque éstos llegaron incompletos. Explicaron que eso retrasa el avance de la investigación para esclarecer este megafraude y así producir una reparación del daño económico causado al Estado.

Es por ello que la Fiscalía Nº 1 solicitó al juez federal Nº 2, Sebastián Argibay, -a cargo de la causa- que intime al organismo a que en un plazo de 48 horas responda los pedidos de informe en forma. Por razones de jerarquía, ya que la delegación local solo es recaudadora -explicaron en Fiscalía- la intimación fue a la jefa de la Sección Penal Tributaria de la Afip regional, con sede en Tucumán, Dra. Silva del Carmen Martínez.

Ese plazo vence hoy y en el Ministerio Público Fiscal esperan novedades. Desde la Fiscalía también indicaron que esta semana el juez Argibay le concedió el rol de querellante a la Sección Penal Tributaria de la Afip (Tucumán) para aportar pruebas y también estar al tanto de la investigación. Ahora que la Afip tiene la figura de querellante y por lo tanto, coadyuvante de la Justicia en la instrucción y esclarecimiento de la causa, comience a recibir los informes solicitados en tiempo y en forma.

CAUSA

En las más de las 35 mil fojas de transcripciones de desgrabraciones de escuchas y de mensajes de texto del teléfono celular del contador Gustavo “Paty” Coronel Medina, considerado el cerebro de la banda que causó un perjuicio a la Afip en al menos 1.000 millones, se descubrió que había una tarifa fija por prestar servicios ilegales a evasores.

Así lo reveló el fiscal federal de Instrucción N° 1, Pedro Simón, en una entrevista exclusiva. El funcionario judicial brindó detalles de la investigación del megafraude al fisco nacional de parte de una banda que tenía como presunto líder al contador Gustavo Coronel Medina.

Como se recordará, la causa se inició en diciembre de 2019, cuando la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía Trabadelo, denunció la existencia de una organización criminal que, emitiendo comprobantes apócrifos a través de empresas de fantasía o fantasmas, habría evadido hasta $800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA.

Tras una larga investigación, el juez federal N° 2, Sebastián Argibay procesó al contador y a una veintena de personas fueron procesadas por haber montado estas empresas fantasmas que generaron una usina de facturas truchas que vendían a grandes contribuyentes, entre ellos empresas como constructoras de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Córdoba. A través de esta maniobra, se podía “descargar” el IVA, y se reducía notoriamente el monto que tenían que pagar los usuarios o contribuyentes al fisco por este impuesto.

Hay unos 120 contribuyentes detectados, que utilizaron estas facturas truchas para evadir. El fiscal Simón con la intervención del Secretario de la Fiscalía experto en derecho penal tributario y aduanero, Pedro Basbús Turk, analizaron 45 de estos casos. Así se determinó que grandes empresas, muchas constructoras, contrataron estos servicios clandestinos de la banda que tenía eslabones dentro de la misma Afip, que hacían “la vista gorda” para que estas firmas fantasmas que organizaba Coronel Medina, pudieran seguir emitiendo facturas sin la intervención del organismo recaudador.

Así lo señalaron los funcionarios judiciales a este medio durante la entrevista en el despacho de Fiscalía. Aclararon que, de estos 45 casos analizados, la mayoría de los evasores fueron imputados -personas físicas o jurídicas- porque superaron el $1.5 millón de evasión. En tanto, los que evadieron por menos de ese dinero, tendrán una sanción administrativa.

Durante la instrucción, pidieron la intervención al teléfono del contador Coronel Medina, que deparó una sorpresa a los investigadores. Sin temor alguno, el profesional de los números, tenía guardadas cada una de las conversaciones con las empresas a las que prestaba servicios, como también a empleados infieles de la Afip que colaboraban con él.

Es así que descubrieron que Coronel Medina también ofrecía a grandes empresas, disminuirles las deudas con AFIP o hacerlas desaparecer. Pero para eso tenían que pagar el 15% del monto que se rebajaba o se borraba del sistema. Incluso, se acordaba con estos grandes evasores, el día que tenían que pagar las coimas, ya que la banda armaba su propio plan de pago.

Para tener una dimensión del perjuicio al Estado, un solo deudor, una empresa constructora de las más importantes de la región, le debía al fisco unos 800 millones de pesos por unos 17 juicios (15 con pedidos de embargo). Coronel Medina lo contactó al propietario, y acordaron que pagando el 15% le iban a reducir la deuda.

El contador se contactó con los empleados de la Afip que trabajaban con él, y acordó realizar este “perdón” ilegal a esta constructora. Pero, además, como una suerte de bono o parte del servicio de esta banda delictiva, este empresario también recibía un certificado fiscal del organismo recaudador. Esto le permitía participar de licitaciones públicas, o en contrataciones en sector privado donde se solicitaba esta conducta fiscal.

Empleados imputados

El Dr. Simón señaló que Coronel Medina “tenía un respaldo en la Afip que son los tres empleados que están imputados: Patricia Godoy, Manuel Azar y Luis Fincatti (ahora jubilado)”.

“Patricia Godoy estaba afectada al área de Recaudación, mientras que Manuel Azar y Luis Fincatti al área de Jurídicas. Ellos dos se encargaban del descargo de las boletas de deudas en sede judicial (bajarlas del sistema) o levantamiento de cautelares como los embargos, como si fuese que estuvieran pagadas”, explicó Basbús Turk.

Intimación a la AFIP

Son varios los casos detectados, pero para poder profundizar las investigaciones y determinar quiénes fueron los agentes que intervinieron para otorgar estos perdones fiscales, ya sea eliminándolos del sistema o reduciendo los montos adeudados, la Fiscalía solicitó en reiteradas oportunidades, informes a la Afip local.

Simón expuso que la delegación local viene demorando la respuesta a los pedidos de informe, o bien, lo hacen de manera incompleta. Dijo que por ello se intimó (a través del juez Argibay) a la jefa de la sección Penal Tributaria de la Afip Regional con sede en Tucumán, Dra. Silva del Carmen Martínez, a que responda esos pedidos de informe. Ese plazo se venció ayer y que se contestó a la Justicia.  En Fiscalía esperaban ayer que le giren la respuesta de la Afip, para saber si iban a colaborar con la investigación.

Incluso el fiscal Simón recordó que esta semana el juez Argibay le otorgó el rol de querellantes a la Afip sección Penal Tributaria, por lo que entendía que a partir de ahora, sería otra la actitud de quienes están al frente de la delegación local, dando mayores datos sobre agentes internos del órgano recaudador y de los evasores y montos evadidos, que ayuden aporten al esclarecimiento de este megafraude, el más importante en monto de dinero que investiga la Justicia Federal local.

Simón añadió que tanto en la creación de empresas fantasmas para emitir facturas truchas como la condonación de deudas o reducción de las mismas de manera ilegal previo pago de jugosas coimas, tienen como elemento común la intervención del contador Coronel Medina, ya sea como el armador de estas empresas de fantasía o como la persona que contactaba a grandes contribuyentes que tenían deudas millonarias con la Afip, para ofrecerles un perdón fiscal a cambio de dinero.