Escándalo Judicial en el Caso Torres: la Fiscalía duda de las pericias forenses y apunta su investigación hacia la víctima
La Fiscal Celia Mussi imputó al forense Julián Canllo que realizó la primera autopsia del caso y que concluyó en “estrangulamiento mixto por manos y lazo”. También a Joaquín Cesca -ex pareja-, y a la psicóloga Ana Carolina Ruzo, ambos por “abandono de persona”, abonando a la hipótesis del suicidio.
En la investigación que se inició el 30 de diciembre de 2024, por la muerte de Luciana Torres, la Fiscalía tomó ayer nuevas medidas e imputó a un médico forense que examinó el cadáver de la joven ex modelo. Se trata del Dr. Julián Canllo a quien la fiscalía lo acusó de falso testimonio, sostenido en supuestas contradicciones aportadas por un ayudante de aquella tarea y la desaparición de una cadena de oro.
El imputado fue el primer forense en examinar el cadáver de la ex modelo —que fue hallada sin vida en el baño de su departamento de calle Mitre— y quien según fuentes judiciales determinó que Luciana sufrió un “estrangulamiento mixto”. Conclusión que fue avalada posteriormente por una segunda autopsia en la que coincidieron tres profesionales forenses, los doctores Meossi, Pagani y Alfano. Una observadora de Tucumán se expresó en disidencia, pero no manipuló el cuerpo. ¿Imputarán también a estos profesionales, que coinciden en sus conclusiones?, es la pregunta que hacían esta mañana los observadores judiciales en los convulsionados pasillos de Tribunales.
Según el informe que habría realizado el Dr. Canllo, el cuerpo de Luciana tenía lesiones en el cuello, rasguños —es decir, huellas ungueales— y confirmó que tiene las lesiones típicas de un estrangulamiento mixto, desechando el ahorcamiento.
CESCA Y RUZO
Entre las medidas que solicitó la Fiscalía en la tarde de ayer apareció una versión que indicaba que había otra imputación. Esa versión señalaba que también habrían imputado a su ex novio Joaquín Cesca, y a una psicóloga de Torres, Ana Carolina Ruzo, por concluir que hicieron “abandono de persona”, es decir, abonando a la hipótesis de suicidio. Ambos, según la Fiscalía, “habrían recibido alertas y señales de suicidios de parte de Torres” y no habrían actuado en consecuencia.
A Cesca se le acusaría de haber desoído los reiterados pedidos de auxilio de la joven, que habría intentado quitarse la vida el 23 de diciembre pese a quedarse a su lado toda la noche. El 25 de diciembre habrían discutido en una comunicación telefónica, aunque tampoco habría tenido iniciativa para alertar de la conducta suicida de su pareja, quien habría enviado un mensaje de despedida a su esposo de apellido Bolsón y habría sido auxiliada por amigas ante el aviso de su esposo. Esto último fue negado por su círculo íntimo y familiar.
A la psicóloga se la achacaría responsabilidad por tratarse de una profesional que hasta pocos días antes de su deceso tenía cabal conocimiento de su estado depresivo y de sus intentos suicidas el 23 y 25 de diciembre.
La Fiscalía consideraría que debería haber intervenido con vigor para gestionar su urgente internación y resguardar su integridad, según surgiría de los documentos secuestrados de su consultorio, en un allanamiento ordenado por un juez de Control y Garantías.