El Gobierno de Santiago del Estero exime por 6 meses el pago de Ingresos Brutos al campo
La medida alcanza a productores del sector primario afectados por la sequía y la caída de los precios. Estará vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ante la crítica situación que atraviesa el sector agropecuario de Santiago del Estero, el Gobierno firmó un decreto que suspende el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en el rubro actividad primaria agropecuaria, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025.
La decisión se basa en un reclamo conjunto de las organizaciones que representan al sector rural, y responde a la prolongada sequía, la caída sostenida en los precios de los productos del campo y la baja en los volúmenes de venta, que golpean especialmente a pequeños y medianos productores.
Según se detalla en los considerandos del decreto, las condiciones climáticas extremas han generado una pérdida significativa de productividad, afectando de manera directa a la economía regional. Esta situación “ha reducido los ingresos reales del sector, comprometiendo su capacidad contributiva y poniendo en riesgo la sostenibilidad de numerosas explotaciones rurales”, señala el texto.
El Gobierno provincial consideró “necesario implementar medidas fiscales excepcionales y transitorias que alivien la carga tributaria”, con el objetivo de contribuir a la recuperación del sector productivo más sensible de la provincia.
En ese sentido, el artículo 1° del decreto suspende la obligación de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos obtenidos por actividades agropecuarias, tal como están contempladas en el Código Fiscal de Santiago del Estero. Las actividades alcanzadas están detalladas en un Anexo I que forma parte del documento.
Además, el Ministerio de Economía fue facultado para dictar normas complementarias y reglamentarias que garanticen la efectiva implementación de esta medida de alivio fiscal.
La medida fue dispuesta en un contexto de emergencia productiva que afecta no solo a la economía del campo, sino también a las fuentes de empleo y al equilibrio territorial en zonas rurales. “El Estado provincial debe asumir un rol activo para sostener la economía real en contextos de crisis”, concluye el decreto.