Denuncian que la SIDE espía a opositores, gremios y grupos de jubilados
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), resucitada por obra y gracia de un decreto de Javier Milei, aparece nuevamente involucrada en una denuncia de espionaje ilegal. Todo indica que el organismo habría estado produciendo información sobre dirigentes políticos opositores, gremios e incluso agrupaciones de jubilados u organizaciones de personas con discapacidad. El senador Martín Lousteau confirmó a Página/12 que, en las próximas horas, convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que él preside. Desde Unión por la Patria (UxP) reclaman una pronta intervención del Congreso y trabajan en una denuncia judicial.
El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, tuvo acceso a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día. El 9 de julio cayó miércoles, día en el que suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. En esa fecha, también, venció el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
La SIDE está dividida en cuatro grandes áreas desde que Milei la regresó a la vida. El informe habría sido confeccionado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que pretende ser la réplica vernácula de la NSA de los Estados Unidos. Entre las funciones que le da el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024 están las de lidiar con cuestiones de seguridad interior tales como el crimen organizado, narcotráfico, proliferación de armas y amenazas contra el orden constitucional.
La ASN es conducida por el comisario general retirado Alejandro Cecati. Durante el gobierno de Cambiemos, Cecati ostentó el cargo de director general de Protección de Estado. Como tal, era responsable de la custodia de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Gerardo Milman. En 2021, cuando el juez Martín Bava lo llamó a indagatoria por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan, Macri pidió que Cecati fuera convocado a declarar como testigo a su favor.
Cecati vuelve a estar en el ojo de la tormenta con la filtración del informe que se habría elaborado en la ASN. La lista de personas monitoreadas es extensa. El reporte habla de una reunión en La Plata entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner por el cierre de alianzas o de un encuentro entre Facundo Manes y Néstor Grindetti. También hay información de senadores como Eduardo “Wado” de Pedro (UxP) o Guadalupe Tagliaferri (PRO). Además, se relevó la actividad de las centrales gremiales como la CGT y la CTA y de distintas expresiones de trabajadores de la salud, Vialidad Nacional, el sindicato del neumático y La Bancaria. Hay reportes sobre Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), La Cámpora, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
La SIDE metió sus narices, además, en las actividades que tenían previstas los jubilados o las personas con discapacidad. Página/12 consultó a Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), si existía algún supuesto que habilite al organismo a estar reuniendo información sobre opositores o personas que se movilizan. “No, es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”, respondió.
El artículo cuarto de la ley 25520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
No importa si esta producción de inteligencia se hace mediante seguimientos, infiltración o explotación de fuentes abiertas. “En cualquier caso, es una violación flagrante de la Ley de Inteligencia”, sostiene Agustín Rossi, que también estuvo al frente de la intervención de la AFI. “La SIDE debe producir inteligencia estratégica que le permita al decisor, en este caso al Presidente, tomar decisiones en áreas claves del país. Seguir la actividad política de los opositores no es inteligencia estratégica sino que nos lleva a los peores momentos del aparato de inteligencia”.