Juicio por YPF: Argentina le solicitó a la jueza Preska no entregar los mails y chats de Luis Caputo y Sergio Massa
Luego de que la jueza Loretta Preska, integrante del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aceptara una solicitud de Burford y Eton Park, los demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, y ordenara nuevamente que se entregaran los emails, mensajes de WhatsApp y todas las comunicaciones realizadas entre los funcionarios de los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández, nuestro país le pidió a la magistrada norteamericana que no aplique esta medida porque el Estado Argentino “no es dueño de esos dispositivos”.
Esta nueva solicitud de información afectaba al ministro de economía Luis “Toto” Caputo, y al exministro de economía Sergio Massa, además de otros funcionarios y exfuncionarios argentinos. La semana pasada, la Procuración del Tesoro había adelantado que se encontraba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.
Sergio Massa
El escrito dirigido a Preska y dado a conocer, a través de su cuenta oficial de X por Sebastián Maril, director de Latam Advisors, comienza diciendo: “En este caso, el Tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de la República”.
El Estado Argentino argumentó que no tiene esos dispositivos, ya que pertenecen únicamente a sus dueños: “Los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’; es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador”.
La presentación luego remarca este punto: “La Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Tribunal Supremo consideran que dicha propiedad privada es ‘inviolable’ a menos que exista una sentencia contra un propietario individual”.
Y luego explica: “Los demandantes no han demostrado que ningún empleador argentino, y mucho menos la República, tenga la capacidad práctica de acceder a los dispositivos y cuentas personales de sus empleados actuales y antiguos. Es revelador que el experto de los demandantes solo citara resoluciones que abordaban solicitudes de correos electrónicos de cuentas oficiales del Gobierno, no de cuentas personales”.
Jueza Loretta Preska
La Procuración del Tesoro detalló que, en su segunda presentación, le pidió a Preska una audiencia preliminar para poder darle una moción que serviría para aclarar -o reconsiderar- la orden del pasado 29 de julio, “que impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posteriores al dictado de la sentencia con base en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución”.
A continuación, afirma que el tribunal norteamericano no tuvo en cuenta un detalle fundamental porque, según el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, “solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”.
Y luego suma: “La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar un discovery abusivo. En subsidio, solicita que se reconsidere la decisión por haber desatendido jurisprudencia relevante”.
La decisión de Preska del 30 de julio es parecida a la que había implementado en septiembre de 2024, cuyo fin era apurar el procedimiento de embargo que buscan los fondos Burford y Eton Park. Estos quieren demostrar que el Banco Nación, YPF, el Banco Central (BCRA), Energía Argentina (Enarsa) y Aerolíneas Argentinas no tienen independencia legal ni operativa, y son una simple extensión, una sombra, del Estado.
Este argumento ya había formado parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo en primera instancia que le ordenó la Argentina abonar una indemnización de 16.100 millones de dólares (más intereses) por la nacionalización de YPF.
YPF
El requerimiento judicial se refiere a un mecanismo conocido por el nombre de “Discovery”. Este ya obligó a encauzar, desde el 2024, negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los letrados de los demandantes. En ese momento, Burford y Eton Park presentaron una lista de 27 nombres, que el Gobierno trató de disminuir en su contrapropuesta. Al final, fue la jueza quien decidió que funcionarios y exfuncionarios deben entregar la información solicitada.
El posteo de Sebastián Maril
“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República. Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, explicó Maril.