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Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en Diputados tras la denuncia del Gobierno por audios filtrados

La comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados fue escenario este martes de un fuerte respaldo opositor a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes quedaron en la mira del Gobierno tras la difusión de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un presunto esquema de corrupción.

La reunión fue convocada por la oposición luego de que la presidenta del cuerpo, la libertaria Emilia Orozco, rechazara el pedido formal de sesión. “Hace un año que la diputada Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo”, denunció el vicepresidente de la comisión, Christian Castillo.

Respaldo al periodismo y nuevas revelaciones

El primero en tomar la palabra fue Jorge Rial, quien acusó al Gobierno de impulsar una persecución en su contra. “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los pone muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos”, sostuvo, al adelantar nuevas denuncias sobre irregularidades en la asignación de subsidios para personas con discapacidad.

Rial afirmó que la denuncia oficial “viola el derecho constitucional a la libertad de expresión” y advirtió: “Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades”.

Por su parte, Mauro Federico negó vínculos con servicios de inteligencia o con empresarios señalados por el Gobierno. “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”, expresó.

La Justicia abre una investigación

En paralelo, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación sobre la denuncia presentada por la Casa Rosada respecto a una supuesta operación de inteligencia ilegal para grabar conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Stornelli aclaró, sin embargo, que la pesquisa “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista”, en cumplimiento con el mandato constitucional que protege la labor de la prensa.