La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
La norma busca dar herramientas a la Justicia para frenar la llamada “puerta giratoria” y establece que la comisión de nuevos delitos por parte de imputados en procesos previos podrá considerarse un riesgo procesal que habilite la prisión preventiva.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la Ley N° 7403 de Reiterancia Delictiva, una iniciativa que tiene como objetivo brindar mayores herramientas jurídicas a jueces y operadores del sistema judicial frente al incremento de delitos cometidos por personas con antecedentes o causas pendientes.
La figura de reiterancia debe entenderse como la “comisión de nuevos hechos o conductas reprochadas por el sistema penal mientras un individuo se encuentra investigado en otro proceso anterior similar”. Es decir, se diferencia de la reincidencia, que se aplica a quienes ya fueron condenados, cumplieron una pena o fueron declarados culpables, y vuelven a delinquir.
Con esta regulación, el Gobierno provincial busca contrarrestar lo que popularmente se denomina “puerta giratoria”, mecanismo que permite que acusados de cometer ilícitos —con penas excarcelables— permanezcan en libertad durante el proceso judicial.
En ese sentido, la norma establece que la reiterancia constituirá una presunción fundada de riesgo procesal para dictar prisión preventiva, siempre dentro de los parámetros del Código Procesal Penal de la Provincia. El juez interviniente deberá valorarlo en cada caso mediante una resolución debidamente fundamentada, garantizando los principios de proporcionalidad, el derecho de defensa y las garantías constitucionales y convencionales.
Desde el oficialismo remarcaron que la sanción de esta ley responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la seguridad física y patrimonial. Asimismo, destacaron que la creciente sensación de inseguridad se da en un contexto nacional atravesado por medidas económicas regresivas, que han impactado en la cohesión social y aumentado la conflictividad y la percepción de vulnerabilidad.
“El Estado tiene la obligación de prevenir el delito, porque no solo se trata de un principio fundamental del Derecho, sino también de una función esencial en toda sociedad democrática para resguardar los derechos y libertades de la población”, sostuvieron los fundamentos de la ley.