Dos comisarios fueron separados de sus funciones por la presunta venta de celulares secuestrados
El alto mando de la Policía de la Provincia concretó una investigación interna contra el segundo jefe subcomisario Ezequiel Guzmán y el oficial Nahuel Flekenstein Díaz, ante la “desaparición” de más de treinta teléfonos de alta gama, los cuales al parecer eran comercializados en Facebook por la esposa de un subcomisario.
La Jefatura de la Policía inició semanas atrás una investigación administrativa interna en la División de Ciberseguridad y descubrió que supuestamente el subcomisario de la dependencia y un oficial subinspector —a cargo del área de Sumario— vendían teléfonos secuestrados y depositados en aquella dependencia. Ayer, los dos funcionarios sospechados presentaron sendos pedidos de eximición de prisión.
Según revelaron fuentes judiciales y policiales cercanas a la causa, todo comenzó con los constantes reclamos de damnificados quienes se quejaban de que sus dispositivos móviles que habían sido recuperados por la fuerza policial, después no les eran devueltos.
A esto se le sumaron declaraciones de efectivos de la propia dependencia investigada quienes indicaban que los teléfonos “desaparecían” y en más de una ocasión los sindicados —el segundo jefe subcomisario Ezequiel Guzmán y el oficial Nahuel Flekenstein Díaz— les pedían a sus subalternos que no informaran a los fiscales de turno sobre operativos con secuestros.
Ante las gravísimas irregularidades, Jefatura ordenó un trabajo de contrainteligencia. Allí, bajo las órdenes de la Dirección de Asuntos Judiciales y Asesoría General, descubrieron la faltante de más de treinta teléfonos móviles todos de alta gama, varios de ellos Iphone.
La investigación judicial está a cargo de la fiscal Erika Leguizamón (coordinadora de la Unidad de Delitos Instituciones) y del fiscal Nicolás Heredia. Allí se determinó que no se cumplía con la cadena de custodia que el protocolo indica. Tampoco había actas de sumario sobre todos esos aparatos. Además se descubrió que valiéndose de estar a cargo de la oficina de Sumario, éstos manipulaban los procedimientos judiciales y elementos secuestrados en el marco de investigaciones penales para así —según sostiene la investigación— apodarse ilegítimamente de los dispositivos móviles.
Según se supo, la orden que habrían dado los acusados era de “no avisar a la Fiscalía” y “canalizar” tales operativos solamente por esa oficina para así evitar realizar actas de secuestros o entrevistas a las personas y saber cómo adquirieron los equipos.
Las averiguaciones sostienen que de esta manera el segundo jefe y el oficial de Ciberseguridad elevaban los legajos judiciales con resultados negativos o inconclusos, pese a que gran parte de sus colegas —los cuales efectuaban los procedimientos— tenían conocimiento de que los resultados eran “positivos”.
Además, otras de las irregularidades era no detallar la cantidad exacta de los dispositivos secuestrados en los sistemas digitales de la dependencia, generando desconocimiento de si había o no faltante y el paradero de tales aparatos. La investigación estableció además que muchos teléfonos celulares secuestrados durante los operativos que se hacían en la vía pública, eran ofrecidos para la venta a través de Facebook —más precisamente en el sitio Marketplace— a través de un usuario anónimo que solo facilitaba un número de teléfono para concretar el intercambio comercial.
Mayor fue la sorpresa de los jefes policiales cuando —a través del trabajo de contrainteligencia— descubrieron que el número que aparecía en Facebook para concretar la venta pertenecía a Lucía Coronel, esposa del subcomisario Guzmán.
Siempre basándose en la investigación, era la esposa del subcomisario la encargada de realizar el intercambio comercial. Ella entregaba el aparato y recibía la plata. Además se descubrió que ella utilizaba para su uso personal un teléfono que había sido denunciado como robado —junto con otros 56 aparatos más— de un local comercial llamado Tecnovak.
El pasado 19 de noviembre, en horas de la siesta, la Dra. Erika Leguizamón junto con personal de Jefatura y del Departamento Homicidios y Delitos Complejos realizó una inspección ocular en las instalaciones de la mencionada dependencia.
Desde allí, los dos sospechosos más el jefe de la dependencia —comisario Nicolás Paz— fueron puestos en disponibilidad preventiva hasta tanto la investigación avanzara.
A pesar de hermetismo de la investigación, aparentemente, la causa sería desfavorable para los sindicados ya que durante la jornada de ayer, a través de sus abogados defensores presentaron dos recursos de eximición de prisión. La Justicia de Control y Garantía correrá vista a la Fiscalía interviniente sobre dicho pedido y en los próximos días definirán el futuro de los sospechosos que, aparentemente, incumplían con sus deberes de funcionarios y cometían delitos. Mientras tanto, también por orden de Jefatura, la dependencia cuenta con nuevas autoridades policiales en esa área.
Guzmán, acusado de brindar información confidencial
La investigación de Jefatura no solo dejó al descubierto una supuesta maniobra delictiva sino que se advirtieron algunas irregularidades por parte del subcomisario.
A raíz del sumario, se estableció que Guzmán —según consta en acta de sumario realizado por el comisario Walter Sandoval— recibía personas ajenas a la dependencia en su oficina. Tales encuentros quedaron registrados en las cámaras de seguridad.
Según sostiene la investigación, el subcomisario brindaba a estas personas información de carácter confidencial que obtenía a través de la base de datos de acceso restringido tales como RENAPER, Riesgo Online, Sicof, entre otras.