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Malas noticias para los impulsores de las SAD en el fútbol argentino: imputados por lavado de dinero

ñalados en distintos momentos como cercanos al entorno de Javier Milei, con vínculos, gestos públicos y relaciones políticas que los ubicaron en la órbita del oficialismo. Esa cercanía —política, relacional y simbólica— es la que vuelve relevante la imputación judicial por lavado de dinero: no se trata de actores aislados, sino de empresarios que orbitan alrededor del poder y que, hasta ahora, se movían sin mayores cuestionamientos en el debate público.
 

Guillermo Tofoni admitió que Foster Gillett se equivocó con la compra de Medina

En el mundo del fútbol, el nombre de Foster Gillett ya había quedado marcado por su intento de desembarco en Estudiantes de La Plata de la mano de Juan Sebastián Verón. El proyecto se presentó como una modernización ambiciosa, pero chocó rápido con la realidad del fútbol argentino: resistencias internas, desconfianza de socios e hinchas y un esquema que nunca terminó de cuajar. El experimento se diluyó sin títulos, sin inversiones concretas y sin un rumbo claro, dejando más ruido que resultados. Hoy, con Gillett imputado por la Justicia, aquel intento fallido vuelve a escena y refuerza las dudas que ya habían surgido en el plano deportivo e institucional.
 

Foster Gillett ya había tenido un paso polémico por el fútbol del Río de la Plata —con Rampla Juniors en Uruguay hundido en crisis económica y deportiva tras su gestión— lo vuelve a poner en el centro de la escena. Aquella experiencia quedó en la retina de muchos hinchas argentinos y uruguayos como un proyecto fallido, con un club histórico al borde de la quiebra. Y ahora, ese nombre aparece en un expediente judicial complejo.

Por su parte, el nombre de Guillermo Tofoni también aparece atado a la avanzada por las Sociedades Anónimas Deportivas. Su vínculo político con Juliana Santillán, diputada nacional de La Libertad Avanza y una de las voces que más empuja el modelo SAD en el Congreso, lo ubica dentro de un mismo entramado donde se mezclan negocios, fútbol y poder político. No es una relación casual: Tofoni fue señalado como uno de los empresarios que ven con buenos ojos el desembarco de capitales privados en los clubes, en sintonía con la agenda que promueve el oficialismo. Por eso, su imputación judicial no solo impacta en lo penal, sino que también vuelve a poner bajo la lupa a quienes buscan cambiar las reglas del fútbol argentino desde afuera de los clubes.
Su cercanía al ambiente político y a ciertos proyectos de gestión en el fútbol lo vuelve un personaje incómodo para quienes piden “transparencia” solo cuando la lupa apunta a clubes o asociaciones privadas.

Lo relevante desde el punto de vista futbolero es cómo se leen estos hechos dentro del imaginario del hincha: mientras se habla de AFA, balances y supuestos riesgos institucionales, aparecen casos que sí avanzan con imputaciones reales, con actuación judicial concreta y con figuras de alto perfil vinculadas al poder político.

No se trata de un “golpe contra el fútbol”, sino de una foto más nítida del contexto donde el deporte y la política argentina chocan de frente. El fútbol argentino vive en un país donde el discurso público sobre transparencia muchas veces no se aplica con la misma intensidad cuando las denuncias tocan al círculo político.

En la cancha se sanciona por hechos, no por rumores.
Y aquí, la Justicia ya imputó a dos empresarios que están justo detrás de la línea de fuego del oficialismo.