Más desesperación… El Gobierno amenazó con echar empleados del Nación que frenen depósitos en dólares
Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Economía busca acelerar la implementación de la ley de inocencia fiscal mientras el sistema financiero sigue en pausa.
El Gobierno redobla su presión sobre el sistema financiero para facilitar el ingreso de dólares al circuito formal. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que el Banco Nación instruirá a sus empleados a ajustarse “de manera estricta” a la normativa vigente y aseguró que el empleado que solicite documentación por fuera de la ley será despedido.
La advertencia se da en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso, que busca promover depósitos con los ahorros hoy por fuera del sistema. Sin embargo, la norma aún no está promulgada ni reglamentada.
“Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, expuso Adorni desde Casa Rosada. Y agregó que para depositar los dólares del colchón bastará con acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y usarlos “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”.
Según el ministro coordinador, con el nuevo esquema “los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.
Más allá de la advertencia, el andamiaje operativo todavía está en proceso. Primero la Ley de Inocencia Fiscal debe ser promulgada y luego reglamentada —según lo indicado— por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el Gobierno reconocen que los cambios en la Ley Penal “no son tan sencillos” de implementar, aunque aseguran que la iniciativa se está “tratando intensamente” para acelerar su puesta en marcha y favorecer la remonetización de la economía.
Los bancos, por su parte, aguardan definiciones. De acuerdo con lo que trascendió, “están bastante confundidos” y plantearon sus inquietudes al Banco Central. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó públicamente a las entidades a no imponer trabas adicionales. “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación”, escribió en redes, insistiendo en que solo debe exigirse la adhesión al régimen simplificado.
Juan Pazo, extitular de ARCA, explicó que quienes se incorporen al nuevo esquema podrán “exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria”. Señaló que se trata de dinero “bien habido de su ahorro” y planteó que, en línea con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben ser considerados “un principio de inclusión financiera”. “Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema”, afirmó, y pidió “decirle a la gente que se quede tranquila”.
Pazo remarcó que, si esos fondos se utilizan para comprar bienes —como autos o cosechadoras—, deberán estar bancarizados por comprador o vendedor. También sostuvo que los bancos están siendo “todavía más precavidos” que las recomendaciones del organismo internacional.
“Creo que lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado”, evaluó. Y recordó que “ya está reglamentado” que la renta de fuente extranjera pueda integrar el régimen simplificado: el contribuyente deberá declararla ante ARCA.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen pensado para contribuyentes con ingresos anuales menores a $1000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. ARCA no controlará gastos ni bienes, sino ingresos facturados y deducciones. Si el contribuyente paga lo estipulado, queda liberado de otros reclamos por Ganancias. A la vez, quienes adhieran podrán realizar grandes operaciones sin quedar bajo la lupa del organismo, y bancos, concesionarias, escribanías y tarjetas dejarán de estar obligados a reportarlas.
El proyecto también actualiza los montos de los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada y habilita, bajo ciertas condiciones, mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago. Además, acorta los plazos para revisar y reclamar impuestos, con esquemas de tres, cinco o diez años según el nivel de cumplimiento.