Poliladron… metieron preso a Guzmán, exjefe de Ciberseguridad acusado de vender celulares secuestrados
Luego de un mes de iniciada la investigación, la policía allanó la casa del segundo jefe del Departamento de Ciberseguiridad, —subcomisario Exequiel del Jesús Guzmán— y lo detuvo en el marco de una investigación por la venta ilegal de teléfonos celulares secuestrados.
Ayer, con orden de la Justicia de Control y Garantías, la Unidad Fiscal de Violencia Institucional —a cargo de la fiscal Erika Leguizamón— personal de la misma dependencia investigada estuvo a cargo de requisar las casas de sus colegas, según un parte de prensa enviado por Relaciones Policiales.
Así fue que los uniformados, bajo la supervisión de oficiales superiores de la plana mayor, se trasladaron hasta la vivienda de Guzmán —ubicada en el barrio Lomas del Golf— en relación con la causa por presuntos delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Peculado y Falsificación de Instrumentos Públicos en perjuicio de la Administración de Justicia.
Como resultado de las medidas ordenadas, allí se llevó a cabo la detención del subcomisario. Además, se secuestraron dispositivos tecnológicos y documentos de interés para la investigación que comenzó a finales del mes de noviembre.
Asimismo y de manera simultánea se requisó un inmueble del barrio San Fernando de la ciudad de La Banda, domicilio en el que reside el oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz a quien también se le incautaron diversos elementos vinculados a la investigación.
Desde el momento que se inició la investigación ambos uniformados —que se encontraban a cargo del área de sumarios—se encontraban en “disponibilidad preventiva” medida dispuesta por las máximas autoridades de la institución.
Tras su detención, el subcomisario fue alojado en el Cuerpo Guardia de Infantería, a disposición de la autoridad judicial; así como también los secuestros concretados. Mientras que la libertad del oficial depende de la resolución del pedido de eximición de prisión.
Al conocer el avance la causa, el Dr. Lucas Cabañas —representante legal del oficial Flekenstein Díaz— presentó una eximición de prisión a su favor, pedido que hasta el momento la Justicia de Control y Garantías no resolvió, pero podría definirse en los próximos días.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo un total hermetismo y según fuentes cercanas a la investigación judicial y policial, habría otros involucrados que también están siendo investigados.
La sospecha es que también habrían recibido teléfonos celulares por parte de Guzmán para comercializarlos. Algunos de los involucrados serían familiares de uno de los dos implicados quienes estaban a cargo de un área de vital importancia en Ciberseguridad, organismo dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal.
Un caso que se tornaría complejo
La Fiscalía analizaba anoche el alto volumen de pruebas recolectadas en los domicilios de los funcionarios.
Fuentes vinculadas con la investigación no descartaban que los cargos fuesen reformulados. ¿Por qué? Si los investigadores determinan que el número arribase o superase los 3 sospechosos, también la reiteración del modus operandi e ilícitos, todos serían candidatos a la “asociación ilícita”.
Ello fue detallado por un alto funcionario, quien clarificó que se trata de una figura no excarcelable, cuya génesis demandaría depurar roles y establecer a quién se endilga la jefatura, es decir develar al jefe o cerebro.
Otro aspecto medular en análisis de los funcionarios es cimentar bases sólidas en el proceso penal, en pos de neutralizar cualquier planteo “nulificante” futuro.
En tal sentido, no se descarta que las pericias -por venir- podrían ser encomendadas a otras fuerzas (Policía Federal o Gendarmería Nacional), tal cual emana de los protocolos y/o leyes vigentes, que sugieren derivar un proceso a otra fuerza.
Guzmán y Flekenstein, acusados de sacar celulares que la esposa del subcomisario los vendía
Cabe remarcar que según consta en la investigación que lleva adelante la Justicia, la causa comenzó cuando Jefatura inició una investigación administrativa interna en la dependencia y descubrió que habían “desaparecido” más de treinta teléfonos de alta gama. Ahí fue cuando se advirtió que durante los procedimientos no se cumplía con la cadena de custodia que el protocolo indicaba.
Tampoco había actas de sumario sobre todos esos aparatos. Además se descubrió que valiéndose de estar a cargo de la oficina de Sumario, éstos manipulaban los procedimientos judiciales y elementos secuestrados en el marco de investigaciones penales para así —según sostiene la investigación— apodarse ilegítimamente de los dispositivos móviles.
Se supo que la orden que habrían dado los acusados era de “no avisar a la Fiscalía” y “canalizar” tales operativos solamente por esa oficina para así evitar realizar actas de secuestros o entrevistas a las personas y saber cómo adquirieron los equipos.
La causa sostiene que el segundo jefe y el oficial de Ciberseguridad elevaban los legajos judiciales con resultados negativos o inconclusos, pese a que gran parte de sus colegas —los cuales efectuaban los procedimientos— tenían conocimiento de que los resultados eran “positivos”.
Otras de las irregularidades era no detallar la cantidad exacta de los dispositivos secuestrados en los sistemas digitales de la dependencia, generando desconocimiento de si había o no faltante y el paradero de tales aparatos.
Muchos de los teléfonos celulares secuestrados durante los operativos que se hacían en la vía pública, eran ofrecidos para la venta a través de Facebook —más precisamente en el sitio Marketplace— a través de un usuario anónimo que solo facilitaba un número de teléfono para concretar el intercambio comercial.
Mayor fue la sorpresa de los jefes policiales cuando —a través del trabajo de contrainteligencia— descubrieron que el número que aparecía en Facebook para concretar la venta pertenecía a Lucía Coronel, esposa del subcomisario Guzmán.
Siempre basándose en la investigación, era la esposa del subcomisario la encargada de realizar el intercambio comercial. Ella entregaba el aparato y recibía la plata. Además se descubrió que ella utilizaba para su uso personal un teléfono que había sido denunciado como robado —junto con otros 56 aparatos más— de un local comercial llamado Tecnovak.
Guzmán y su vínculo con usureros: otra investigación
La investigación no solo dejó al descubierto la supuesta maniobra delictiva sino que evidenció algunas irregularidades por parte del subcomisario quien —según el expediente—recibía personas ajenas a la dependencia en su oficina. Tales encuentros quedaron registrados en las cámaras de seguridad.
A raíz del trabajo de contrainteligencia implementado y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras del circuito cerrado identificaron a varios de ellos y determinaron que se trataba de conocidos prestamistas que se dedicaban a la usura.
Por eso surgen sospechas sobre Guzmán, ya que tenía acceso a información de carácter confidencial que obtenía a través de la base de datos de acceso restringido, tales como RENAPER, Riesgo Online, Sicof, e incluso entidades bancarias.
La hipótesis de los investigadores sostiene que aparentemente Guzmán —con su acceso privilegiado por su función— habría accedido a cuentas bancarias de posibles clientes de los usureros y presuntamente les “vendía” esta información.