Con apoyo clave de provincias mineras, el oficialismo se encamina a reformar la ley de glaciares
La Cámara Alta debatirá este jueves la modificación de la norma 26.639 y todo indica que el bloque libertario podría imponerse con respaldo de mandatarios del Norte y de Cuyo. Especialistas, organizaciones y funcionarios provinciales cruzan argumentos sobre agua, minería y federalismo. No descartan litigios si avanza.
El Senado tratará este jueves la modificación de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, sancionada en 2010, y en los pasillos del Congreso ya dan casi por descontado que el oficialismo lograría imponerse. La clave estaría en el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte perfil minero, que ven en la reforma una herramienta para ganar margen en la administración de sus recursos naturales y atraer inversiones.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, propone redefinir el alcance operativo de la norma que fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglaciar en todo el país. Desde el Ejecutivo sostienen que la ley actual tiene “falencias interpretativas que generan inseguridad jurídica” y que la modificación no elimina la protección, sino que ordena competencias entre Nación y provincias para dar previsibilidad a los proyectos productivos, especialmente en minería y litio.
El punto más sensible del proyecto es la redefinición del ambiente periglaciar. La legislación vigente protege tanto el hielo como su entorno inmediato bajo un criterio preventivo amplio. La reforma buscaría acotar esa definición y establecer que solo queden alcanzados aquellos cuerpos que cumplan funciones hídricas específicas verificadas, lo que reduce el universo de protección y deja bajo evaluación técnica posterior zonas hoy resguardadas.
Desde 2010, cámaras empresarias mineras cuestionan la amplitud del concepto de área periglaciar. Argumentan que la redacción original impacta en emprendimientos ubicados en sitios donde no existen glaciares visibles y que la indefinición generó un terreno fértil para frenar proyectos mediante presentaciones judiciales. Del otro lado, científicos y referentes ambientales advierten que proteger únicamente el glaciar sin su ecosistema asociado implica desconocer cómo funciona el sistema hídrico de montaña y que cualquier alteración en esas zonas puede afectar reservas estratégicas de agua dulce.
En ese marco, la doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, Gabriela González Trilla, puso el foco en el principio de no regresión ambiental respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Este principio de no regresión ambiental está en la jurisprudencia de la Corte. Y habla de manera explícita que cualquier modificación que se hiciera sobre la ley no debiera retroceder en elementos de protección de los glaciares”, remarcó. Y agregó que, si se considera el inventario vigente, “cualquier modificación no debería retroceder en la protección de los elementos actualmente inventariados”.
La especialista también advirtió sobre el criterio de significancia hídrica que introduce el proyecto. Según explicó, el enfoque volumétrico puede desproteger glaciares de escombros, predominantes en regiones áridas y semiáridas, que almacenan agua en sus intersticios. “Podría tener un impacto ambiental fuerte si se desprotegen estos cuerpos de hielo, sobre todo en regiones áridas o semiáridas”, señaló, y resumió su postura con una definición tajante: “No se trata de extracción sí o no, sino de extracción cómo y, sobre todo, dónde. Y sobre los glaciares, no”.
En paralelo, organizaciones cordobesas como el Foro Ambiental Córdoba, Fundeps y Jóvenes por el Clima hicieron público un comunicado contra la reforma y exigieron a los legisladores “garantizar la vigencia de la ley”. Denunciaron que abrir zonas periglaciares a la minería implicaría exponer fuentes vitales de agua a contaminación y desaparición progresiva, y recordaron principios internacionales como el de no regresión y progresividad consagrados en el Acuerdo de Escazú.
El respaldo político que inclinaría la balanza proviene de gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca, aliado clave del Gobierno, quien defendió la reforma en diálogo con Eduardo Feinmann. “Fuimos al Congreso a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias”, sostuvo, citando los artículos 41 y 124 de la Constitución sobre protección ambiental y dominio originario de los recursos. Y fue más allá: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Según explicó, sin minería su provincia tendría 7.000 empleos menos.
Desde Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, planteó que la adecuación apunta a mejorar la aplicación efectiva de la norma y cubrir déficits de información, especialmente en zonas periglaciares. “En el proyecto no se toca la protección ni los presupuestos mínimos; lo que buscamos es que la norma sea efectiva en la práctica”, afirmó. Con tono crítico, advirtió que el peor escenario sería que la ley “quede en letra muerta”. En la misma línea, el funcionario sanjuanino Roberto Moreno defendió la propuesta al señalar que las provincias mantendrían la competencia para autorizar actividades bajo evaluaciones ambientales apoyadas en el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA.
El trasfondo del debate excede la técnica legislativa. En un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y sequías extremas, la discusión enfrenta dos modelos de desarrollo. Para el oficialismo, se trata de eliminar trabas y enviar señales al mercado en medio de acuerdos internacionales para explotar minerales críticos como litio y cobre. Para ambientalistas, comunidades y científicos, la reforma implica un retroceso que compromete la seguridad hídrica y el acceso al agua.
Además, ya se advierte que, si el Senado aprueba la modificación con el respaldo de los mandatarios provinciales, el capítulo podría trasladarse a los tribunales. Distintos sectores evalúan judicializar la norma bajo el argumento de que vulnera el principio de no regresión ambiental y podría resultar inconstitucional. El escenario legislativo parece favorable al oficialismo, pero la disputa por el alcance real de la protección de los glaciares recién empezaría en los estrados judiciales.