Autoplanes: la cautelar protege a los ahorristas pero continúan ejecuciones prendarias
El conflicto judicial por los planes de ahorro automotor continúa generando controversias en todo el país. En Santiago del Estero, miles de usuarios afectados por el aumento de las cuotas lograron una medida cautelar que buscó frenar los efectos de los incrementos considerados abusivos. Sin embargo, el problema está lejos de resolverse, indicó el Defensor del Pueblo, Dr. Daniel Escobar Correa, en declaraciones en el Stream «La Editorial» con Luis Fernando Lagar y Luis «Charly» Carabajal, que se emite de lunes a viernes, de 8,30 a 12,00 hs.
El Defensor del Pueblo explicó que, pese a la cautelar vigente, las automotrices y administradoras continúan impulsando ejecuciones prendarias para secuestrar vehículos, lo que genera situaciones que considera arbitrarias.
El problema del “saldo pendiente”
La mayoría de los planes de ahorro tienen una duración de 84 meses. En muchos casos, los ahorristas ya completaron el pago de todas las cuotas, pero las empresas reclaman un saldo residual vinculado al aumento del valor del vehículo.
Ese saldo es justamente uno de los puntos centrales del litigio judicial.
“La cautelar establece que ese saldo no es exigible hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, explicó Escobar Correa.
Sin embargo, algunas empresas promueven ejecuciones prendarias alegando falta de pago.
Maniobras en los procesos de ejecución
Según denunció el Defensor, en muchos procesos judiciales se exige acreditar el pago de la última cuota mensual para evitar el secuestro del vehículo.
El problema surge cuando el ahorrista ya terminó de pagar todas las cuotas meses atrás, por lo que no tiene un pago reciente para presentar.
“Si la última cuota fue la número 84 y se pagó hace seis meses, esa es la última cuota válida. Pero algunos ejecutantes exigen un pago del mes anterior, que en realidad no existe”, explicó.
Ante esa situación, se producen secuestros de vehículos que la Defensoría considera irregulares.
Una cautelar con límites
Escobar Correa reconoció que la medida cautelar original también tiene limitaciones.
La resolución fue diseñada con criterios muy estrictos respecto al cumplimiento de los pagos, sin contemplar atrasos ocasionales que pueden ocurrir durante los siete años que dura el plan.
“A lo largo de 84 meses es normal que alguien tenga un atraso por una situación familiar o económica”, señaló.
Un conflicto aún abierto
El problema de los autoplanes se originó durante los años de fuerte inflación y devaluación, cuando el valor de los vehículos aumentó muy por encima de los ingresos de los ahorristas.
Ese fenómeno generó miles de litigios en todo el país y derivó en múltiples cautelares colectivas.
Mientras la Justicia no resuelva la cuestión de fondo, el conflicto continuará generando tensiones entre consumidores y empresas automotrices.
“La cautelar buscó proteger a los ahorristas frente a subas exorbitantes, pero todavía falta una solución definitiva al problema”, concluyó el Defensor del Pueblo.