Conflicto por el financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que le exige cumplir la ley en cinco días
La Casa Rosada recurrirá la intimación del juez Martín Cormick, quien dio un plazo estricto para acatar la cautelar que ordena recomponer salarios y becas. El magistrado advirtió sobre posibles multas diarias, mientras que el Ejecutivo sostiene que ya acreditó el cumplimiento de la medida.
El Gobierno nacional decidió apelar la reciente resolución judicial que le impuso un plazo de cinco días para implementar de forma íntegra la medida cautelar referida a la Ley de Financiamiento Universitario. Funcionarios con acceso al expediente confirmaron que la presentación se realizará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La ofensiva legal del Ejecutivo busca neutralizar la intimación dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, el juez Martín Cormick. Al emitir su fallo, el magistrado argumentó que “no existe cumplimiento total” de la cautelar vigente y lanzó una dura advertencia: si la Casa Rosada no acata la orden en el tiempo fijado, se expone a sanciones económicas (astreintes) por cada día de retraso.
Por estas horas, la estrategia jurídica del oficialismo contempla definir si solicitarán que la apelación tenga un efecto suspensivo. De lograrlo, la intimación del juez quedaría en pausa mientras la Cámara revisa el caso. “Estamos estudiando el tema”, señalaron desde los despachos oficiales, dejando en claro que aún no tomaron una decisión definitiva sobre este recurso técnico.
El argumento del Ejecutivo y el estado de la cautelar
La postura del Gobierno difiere radicalmente de la visión del magistrado. Quienes siguen el día a día de la causa desde el Ejecutivo afirman que ya se dio respuesta al mandato judicial y que las pruebas de ese acatamiento fueron presentadas ante la Justicia. Esta será la piedra angular de su defensa.
Cabe destacar que esta nueva apelación no pone en discusión la cautelar original, que ya se encuentra firme. Dicha medida fue dictada por Cormick en diciembre de 2025 y exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Estos puntos establecen, específicamente, la actualización de los programas de becas para estudiantes y la recomposición de los haberes de trabajadores docentes y no docentes.
La vigencia de esta cautelar fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y luego escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el pasado 25 de junio, argumentando que no se trataba de una sentencia definitiva, lo que blindó la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El litigio principal de las universidades cuestiona la constitucionalidad del decreto 759/2025. A través de esa norma, el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero ató su implementación a la obtención de los recursos necesarios para cubrir el gasto.
Negociaciones fallidas y la mira en el Presupuesto 2027
En su intento por demostrar voluntad de cumplimiento ante los tribunales, el Gobierno había presentado en junio un acuerdo firmado el día 10 de ese mes entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos. Esa acta incluyó un aumento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% para los gastos de funcionamiento y refuerzos presupuestarios para becas y hospitales universitarios.
Apoyándose en esa mejora, la Nación solicitó el levantamiento de la cautelar alegando un cambio en las circunstancias. Sin embargo, el 1 de septiembre, Cormick desestimó el pedido al considerar que no se había probado una solución definitiva al deterioro salarial ni a los reclamos de las casas de altos estudios.
En el plano gremial, el diálogo volvió a estancarse el 17 de septiembre. Durante ese encuentro, el Ejecutivo ofreció un 3% extra para los sueldos y avisó que lo otorgaría de manera unilateral ante la falta de acuerdo. Los sindicatos rechazaron tajantemente la cifra, marcando una profunda brecha con los cálculos del oficialismo sobre la recomposición adeudada.
Más allá del frente judicial, la disputa tiene un canal de negociación estrictamente político. De cara al debate parlamentario, la Casa Rosada se muestra abierta a revisar las partidas destinadas a la educación superior en el proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de acercar posiciones con los bloques legislativos aliados y los rectores.