Causa Lomo Khai: los acusados podrían recuperar la libertad bajo una millonaria caución
La Justicia fijó una caución de $70 millones para cada uno de los imputados, José Agustín Khairallah y Cristian Barrón Palazzi. Ambos podrán ser excarcelados una vez que hagan efectivas las garantías -bienes inmuebles familiares-, mientras continúa la investigación por la presunta estafa de $170 millones con cheques sin fondos.
La causa judicial por la presunta estafa millonaria vinculada a la cadena de lomiterías Lomo Khai registró este jueves una importante novedad. La Justicia resolvió fijar una caución real de $70 millones para cada uno de los imputados, José Agustín Khairallah y Cristian Barrón Palazzi, quienes podrán recuperar la libertad una vez que se hagan efectivas.
La decisión se conoció durante una audiencia en la que la fiscal Celia Mussi desistió de solicitar la prisión preventiva, al considerar que los riesgos procesales que habían motivado la prolongación de las detenciones ya no estarían vigentes.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la excarcelación no será inmediata, ya que ambos acusados deberán cumplir previamente con la caución dispuesta por la Justicia.La causa se inició en agosto de este año, tras una denuncia presentada por Mercon SRL, una empresa proveedora de equipamiento gastronómico, que denunció haber sufrido un perjuicio económico cercano a los 170 millones de pesos.
Como informó oportunamente Diario Panorama, Khairallah, propietario de la cadena de lomiterías Lomo Khai, y Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés, fueron detenidos el pasado 15 de octubre durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la Capital.
Posteriormente, el 28 de octubre, el juez Rodolfo Améstegui había dispuesto prorrogar las detenciones, a pedido de la Fiscalía, para avanzar con las medidas investigativas pendientes.
La investigación apunta a una presunta maniobra de estafa y libramiento de cheques sin fondos, mediante operaciones comerciales desarrolladas entre noviembre de 2025 y julio de 2026.
Según la denuncia, se habrían utilizado cheques de pago diferido con vencimientos a 60, 90 y 120 días que posteriormente fueron rechazados. La Justicia busca determinar la participación de cada uno de los imputados y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.
La fiscal cuestionó las demoras de los bancos
Pese a la resolución que habilita la eventual excarcelación, Mussi confirmó que la investigación continúa y que todavía restan diligencias para reconstruir el movimiento del dinero vinculado con las operaciones comerciales.
“Hay diferentes oficios cruzados, hay que establecer la trazabilidad del dinero”, señaló la fiscal, quien además cuestionó las dificultades para obtener información financiera.
“Muchas veces nos encontramos con la falta de colaboración directa de las entidades bancarias para una respuesta rápida, urgente y eficaz que nos sirva para el descubrimiento de la verdad real de estos hechos”, manifestó.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la hipótesis investigativa contempla una presunta maniobra desarrollada durante una relación comercial en la que se habrían entregado bienes en comodato y librado cheques que luego no pudieron ser cubiertos.
Según explicó, los involucrados habrían continuado emitiendo esos valores pese a conocer las dificultades para afrontarlos, incluso cuando ya existían advertencias bancarias y algunas cuentas se encontraban cerradas.
