El Gobierno autorizó la compra de 60 pistolas Taser que fueron adquiridas por la Policía de la Ciudad

Lo dispuso la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Natasa Loizou, luego de la discusión pública entre el gobierno nacional y la administración de Horacio Rodríguez Larreta por el uso de este tipo de armamento

Un efectivo policial utiliza una pistola Taser

El gobierno nacional, a través de la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Natasa Loizou, autorizó la compra de 60 pistolas Taser que habían sido adquiridas por la Policía de la Ciudad. Se trata de un viejo reclamo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que volvió al centro de la discusión pública tras el homicidio de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, baleada con su arma en el subte C.

Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, aseguraron que una vez que las Taser lleguen al país comenzará la capacitación de los agentes de policía. ” Confirmo que finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a CABA”, señaló el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a cargo del ministerio de Seguridad.

A mediados de febrero, el gobierno porteño había presentado un amparo ante la justicia por la mora en la resolución del expediente administrativo para poder importar el armamento, recurso que fue aceptado por el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa, que le impuso al Estado una definición en un plazo de 30 días, fecha que se iba a cumplir la semana que viene.

Tras conocer la decisión de la Casa Rosada, el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro escribió un mensaje en sus redes sociales. “Tuvimos que insistir y perder oficiales para que hoy el gobierno nacional autorice las Taser. Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor. Una gran noticia, que llega muy tarde”, sostuvo.

Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos N 20.429 de 1975 y los Decretos N° 395/75 y 1039/89. Su uso y adquisición por parte de las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido legislativa y políticamente en los años 80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado, según se informó.

Un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio de Once (Maximiliano Luna)

Bajo estas normativas, la ANMaC (ex RENAR) se encarga del control registral de la adquisición, importación y exportación de materiales controlados, mientras tanto las fuerzas de seguridad y policías son las responsables de determinar y regular el uso de armamento en el marco de los reglamentos internos de las mismas.

La Policía Federal Argentina se encuentra en proceso de tramitación de la importación de 100 pistolas electrónicas, cuya adquisición fue autorizada para ser destinadas a los Grupos Especiales de Gendarmería y Prefectura.

Este lote corresponde al modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.

En cuanto a la compra que llevó adelante el gobierno porteño, se trató de 60 pistolas TASER, modelo X26P. Este tipo de armas son consideradas no letales y se utilizan en determinados lugares con aglomeración de gente donde el uso de armas de fuego puede ser peligroso, como estaciones de trenes, subtes. Disparan una descarga eléctrica que paraliza a la persona.

Las Taser son importadas y para su ingreso al país requiere la autorización de la ANMAC. Ramiro Urristi, ex titular de la ANMaC, había autorizado el proceso en 2020 pero luego dejó el cargo. El gobierno porteño señaló que fue echado por una pelea ideológica; un sector del kirchnerismo rechaza a las Taser por considerar que su utilización viola los derechos humanos.

La nueva gestión del organismo nunca resolvió los reiterados pedidos de habilitación por por parte del gobierno porteño, hasta hoy, luego de una intimación judicial.