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Allanaron a Spagnuolo: hallan 80 mil dólares en una caja de seguridad

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos capítulos.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina— y el exfuncionario Diego Spagnuolo.
En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron u$s 80 mil. La fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios en acuerdo con la proveedora de medicamentos.
En paralelo, se produjo la renuncia de los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron alegando motivos personales.

Otro punto de tensión fue la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.

Los allanamientos alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el fin de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.