Fallo Judicial contra las denuncias falsas: nueva cautelar a favor de Toviggino por acusaciones de ruralistas
La Justicia de Control y Garantías de Santiago del Estero dictó una “inhibitoria de expresión” contra Edgardo Taboada, Martín Carluccio, Ricardo Baldi, Bruno Fratari y Ricardo Simeoni. En los últimos días, ruralistas y abogados hablaron en los medios sobre supuestos delitos cometidos por Pablo Toviggino. Sin embargo, en el fallo se hace foco en que las causas penales han sido desestimadas y se advirtió sobre “la reiteración de imputaciones objetivamente falsas”.
La justicia de Santiago del Estero decidió ampliar una medida cautelar contra cinco personas (entre las que están abogados y ruralistas) tras una serie de declaraciones donde vinculaban a Pablo Toviggino con la usurpación de unos campos en la provincia.
La medida alcanza al ingeniero agrónomo Ricardo Baldi, el ruralista Martín Carluccio, el productor agropecuario Bruno Fratari, el empresario Ricardo Simeoni y el abogado Edgardo Taboada.
Según señala la resolución tanto Toviggino como otro implicado fueron sobreseídos en el marco de una causa penal donde se los acusaba por usurpación y asociación ilícita, una decisión que ya quedó firme.
En ese momento y ante diversas declaraciones que hicieron algunos de los implicados donde se mostraron en disconformidad con el sobreseimiento, se dictó una tutela inhibitoria de expresión, fundada en la función preventiva del daño y se ordenó el cese de manifestaciones públicas agraviantes, injuriantes o difamatorias.
Sin embargo, durante las últimas semanas los cinco involucrados estuvieron realizando varias notas periodísticas donde relataron los hechos de la causa y aseguraron que existían conductas delictivas por parte de Toviggino, a pesar de que ya se encontraba sobreseído.
En base a ello, el juez de control y garantías Héctor José María Salomón prohibió “la validación, reproducción o amplificación de las
imputaciones vertidas en la señal TN (Todo Noticias), en particular en los programas
“TN de Noche” y “Mañana Qué”, así como en cualquier soporte digital, redes sociales, plataformas de video cuando refieran a los hechos judicialmente desestimados”
En ese sentido, explicó que la tutela inhibitoria de expresión no constituye una sanción, ni una forma de censura previa, sino “un mandato jurisdiccional preventivo, de carácter excepcional, orientado a evitar la reiteración, continuación o agravamiento de un daño antijurídico en curso, cuando se encuentran comprometidos derechos personalísimos como el honor, la reputación, la dignidad y la integridad moral”.
El magistrado explicó que se dictó un “sobreseimiento total y definitivo” a favor de Toviggino y otras personas, lo que descarta de
modo categórico la existencia de los delitos que continúan siendo públicamente imputados.
Además, indicó que no existen nuevas denuncias penales promovidas por los ruralistas “lo que demuestra la ausencia absoluta de sustento fáctico y jurídico de sus manifestaciones”
“La reiteración de imputaciones objetivamente falsas, ya desmentidas por el propio sistema judicial, excluye cualquier amparo constitucional bajo el paraguas de la libertad de expresión”, señaló el juez y agregó: “la libertad de expresión no protege la difusión consciente o negligente de hechos falsos, especialmente cuando éstos atribuyen delitos inexistentes a personas perfectamente individualizadas”, concluyó.