El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal y lanzó el nuevo blanqueo para dólares no declarados
La iniciativa, presentada como una suerte de “blanqueo” indirecto, establece precisiones operativas para quienes decidan utilizar fondos no registrados y fija nuevas reglas dentro del sistema tributario.
La normativa busca incentivar la formalización del dinero fuera del sistema con mayores garantías para los contribuyentes. Las operaciones deberán pasar por bancos y se fijaron condiciones especiales para monotributistas, empresas y personas físicas.
El Gobierno nacional reglamentó la ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha el nuevo esquema destinado a incentivar la utilización de dólares no declarados, en un intento por reforzar la formalización de la economía y aumentar los depósitos en el sistema financiero.
La iniciativa, presentada como una suerte de “blanqueo” indirecto, establece precisiones operativas para quienes decidan utilizar fondos no registrados y fija nuevas reglas dentro del sistema tributario. La normativa apunta a brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y redefine el rol del organismo recaudador, además de elevar los umbrales penales en materia fiscal.
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que todas las operaciones vinculadas al uso de estos fondos deberán pasar por el sistema bancario. En la práctica, los dólares deberán ingresar al circuito financiero en algún momento de la transacción, ya sea mediante un depósito previo en una cuenta o al concretar la compra de bienes como propiedades o vehículos.
Con esta condición, el Ejecutivo busca alinearse con los estándares internacionales de control financiero y con las recomendaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que procura fortalecer el crédito a partir de un aumento en los depósitos bancarios.
El esquema se apoya en el llamado principio de “Inocencia Fiscal”, que parte de considerar al contribuyente como cumplidor. Bajo esta premisa, el organismo recaudador ya no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal en todos los casos, sobre todo cuando las diferencias respondan a criterios técnicos o interpretaciones contables sin pruebas contundentes.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará sus controles en unos 11.000 grandes contribuyentes que explican cerca del 80% de la recaudación. En tanto, el universo de aproximadamente 10 millones de registrados que aporta el 20% restante tendrá mayor margen de operación con menor presión fiscal y administrativa.
Otro de los ejes del nuevo sistema es el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La adhesión podrá realizarse de manera digital y el cálculo del tributo se basará únicamente en ingresos y egresos, sin necesidad de computar gastos ni variaciones patrimoniales como ocurría anteriormente.
Además, se implementó una Declaración Jurada Simplificada de Ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En estos casos, el organismo recaudador confeccionará la declaración en base a la información disponible y quienes cumplan en término quedarán eximidos de otras obligaciones formales, salvo ante errores graves.
La reglamentación también establece que hasta $1.000 millones —equivalentes a unos US$689.000 al tipo de cambio oficial— podrán bancarizarse sin pagar el Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de incentivar la formalización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero, detalla el portal de a24.