La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley de financiamiento universitario

Con la firma de sus tres integrantes, el Máximo Tribunal desestimó un recurso que había presentado el Gobierno. De esta forma, tiene plena vigencia la orden judicial de actualizar haberes docentes y no docentes y recomponer planes para alumnos, de acuerdo con la reglamentación que aprobó el Congreso.

La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, una de las normativas que el oficialismo se niega a cumplir desde el mismo momento en que fue sancionada por el Congreso de la Nación.

En dos resoluciones, donde se ratificó el rechazo a las recusaciones y se desestimó el el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, la Corte Suprema le puso fin a meses de dilaciones.

Cabe recordar que el oficialismo insiste desde el año pasado con el no cumplimiento de la norma. La causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales donde se buscaba invalidar el decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas del estudiantado. Esa decisión fue convalidada por la Cámara del fuero, motivo por el cual el Ejecutivo recurrió ante la Corte.