Comenzó el juicio por contaminación contra el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro
El ex defensor del Pueblo declaró como testigo. Se juzga al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro dueño del ingenio y destilería La Florida acusado por el vuelco de millones de litros de vinaza.
El ex defensor del pueblo de la provincia Martín Díaz Achaval declaró esta mañana como testigo en el juicio que la Justicia Federal inició en contra del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.
El propietario de ingenio y destilería La Florida está acusado del delito de contaminación con vinaza entre fines de 2012 y principios de 2013
Díaz Achaval aseguró que aquella denuncia evitó que toda esa producción contaminante llegue al lago de Las Termas de Río Hondo.
La investigación realizada oportunamente por el Defensor del Pueblo daba cuenta de que en el canal de drenaje interprovincial conocido como “Canal del Este” se había producido el derrame de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro, un derivado del etanol que sin el tratamiento adecuado es altamente contaminante. Este líquido afectó a las mencionadas localidades a las localidades de El Arenal y El Palomar, en el departamento Jiménez.
El juicio se da luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar, en noviembre de 2020, al recurso interpuesto por la titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón, y revocara la resolución de ese órgano que hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba en favor de Rocchia Ferro y José Ramón Coronel, responsable administrativo del ingenio.
Denuncia
Santiago del Estero hizo efectiva la denuncia penal en la Justicia Federal local por el vuelco de más de 80 millones de vinaza pura del ingenio La Florida, del empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, que llegó a través de un canal interprovincial a las localidades El Arenal y El Palomar del departamento Jiménez. La presentación de la denuncia confeccionada por Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, estuvo a cargo del fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, quien en ese momento señaló que la provincia pide que se dilucide a los responsables directos e indirectos, por lo que la investigación buscará establecer si hubo responsabilidades de funcionarios de Tucumán.
Asimismo, solicitó que la provincia sea representada por Fiscalía de Estado y a diferencia de la Defensoría del Pueblo, sea admitida como querellante particular, con lo cual podrá tener mayor participación en el proceso, aportando pruebas y solicitando medidas.