Fiscal General de Tucumán se despega del encubrimiento al robo de la Ciudad Universitaria, el caso más grande de corrupción
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, hizo públicas sus principales actuaciones en la causa por el desmanejo de U$S 85 millones entre 2005 y 2009 fruto de la falsificación de la Ciudad Universitaria de San Javier (que el fiscal federal Carlos Brito no investigó).
El próximo 27 de mayo es la fecha que fijó el Tribunal Oral Federal de Tucumán para el inicio del debate oral y público de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, y que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.
En ese marco, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, hizo públicas sus actuaciones en el marco de la causa que se inició en el año 2010 y donde en su desempeño como fiscal pidió “la detención de todos los acusados”.
Hoy están imputados el ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.
El fiscal general Gómez requirió también la indagatoria y detención de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y de Augusto Gonzalez Navarro y José Hugo Saab, actuales director de Asuntos Jurídicos y secretario general del Rectorado, respectivamente.
En su rendición de cuentas, Gómez planteó que “en atención a la difusión que tienen las causas conocidas como UNT y el próximo juicio oral y público federal, me siento en la obligación de aclarar el rol que desempeñe como Fiscal General“, ya que “hay varias causas penales contra funcionarios, empleados, etc. de la Universidad Nacional de Tucumán”. Luego, detalló las cuatro principales causas y su actuación en cada una, que reproducimos a continuación:
1) Causa Minera La Alumbrera con más de 25 años de trámite y hoy está en la Cámara Federal para que se decida si se eleva a juicio oral y público al TOF.
2) La causa que se inicia en el año 2010 por un grupo de profesores y que hoy se conoce como la Causa Cerisola/UNT en la que se debería iniciar el juicio en este mes de mayo. En el escaso tiempo que actue como Fiscal ante el TOF de Tucumán pedí la detención de todos los acusados.
3) A pedido mío se sacan fotocopias de esa causa porque con el dinero aportado por YMAD/La Alumbrera se hicieron una serie de obras en la UNT a un costo muy superior al valor que podía presumirse como real. Luego de una pericia hecha por Gendarmería Nacional terminaron procesados más de 20 empresarios por graves delitos de estafa, etc., razón por la cual reclamó la detención y donde además solicito la indagatoria de Maria Rossi, Augusto Gonzales Navarro y José Hugo Saab. Ese expediente está en la Cámara Federal desde Marzo del año 2023 sin resolverse.
4) Una causa civil iniciada por la UNT en Catamarca contra YMAD en el año 2017 por la que se pide la nulidad del acto administrativo que es la base del juicio oral y público próximo. En ese expediente (y en el año 2020) se hizo lugar a una medida cautelar contra YMAD por la cual ya se han depositado 600 millones de pesos y dice el fallo: “hasta la terminación de la Ciudad Universitaria de Tucumán declarada de modo expreso por el órgano competente”.
En su investigación, el fiscal federal Carlos Brito omitió el delito principal: el robo de la Ciudad Universitaria. Los fondos para esta obra debían provenir de las regalías de la minería, como marca la Ley 14.771 de creación de YMAD, que indica que el 40% de esos ingresos debían destinarse a construir un gran campus universitario “conforme a los planos ya aprobados”.
Dichos planos fueron localizados este año por eltucumano.com porque nunca fueron buscados por las autoridades de la UNT para construir la Ciudad Universitaria como manda la ley: desde YMAD, Rodolfo Martín Campero “gestionó” el arribó de un anticipo de un millón de dólares que Mario Marigliano -ya fallecido- destinó al final de su gestión a refacciones edilicias para el Museo de la UNT -en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, mientras que Cerisola a su turno puso en marcha “la Ciudad Universitaria del Siglo XXI”, obras menores en las dependencias universitarias de la Capital.
El delito contra los tucumanos comenzó a ejecutarse en 2005 con un “anticipo de utilidades” por USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) que Campero – en su doble rol de gerente de Minera Alumbrera LTD y al mismo tiempo representante de la UNT en YMAD – negoció para su correligionario y entonces Rector Marigliano.
Ese millón de dólares de utilidades – adelantados directamente desde la empresa minera al rectorado de Marigliano-, se otorgó en el marco del artículo 18 inciso b) de la vigente ley 14.711 que ordena repartir el 40% de las ganancias de la minera YMAD en favor de la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier.
Sin embargo, y contra el mandato de la ley que ordena destinar las utilidades mineras a la construcción de la Ciudad Universitaria, el entonces Rector Marigliano malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el MUNT y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10.
El 13 de septiembre de 2007 Campero y Marigliano le reclamaron a Cerisola que YMAD ya había entregado $210.422.000 a la UNT para construir la Ciudad Universitaria: “A la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”.
En su declaración indagatoria (13 de abril de 2016) Cerisola apuntó contra Campero y defendió la “reformulación” del concepto de Ciudad Universitaria: “El concepto de Ciudad Universitaria responde a una idea dinámica e inagotable pero que en la práctica es un concepto estático representado por su plan de obra y su valuación. Lo contrario, sería pretender sine die seguir percibiendo el 40% por siempre lo que es ilícito e inmoral. Reconoce que habían iniciado conversaciones al respecto dentro de la UNT, que el doctor Campero insistía en la necesidad de darle corte a lo del 40% pero nuevamente niega haberle dado ningún mandato al respecto a los señores directores“, se lee en su indagatoria. Lo propio ratificó días atrás cuando rompió el silencio tras más de diez años.