Menor abusado: piden detener al papá e investigar a jueces nacionales por asociación ilícita y secuestro
Durante un extenso debate la defensora oficial, Ana Silvia Gerez, exigió que se detenga al progenitor del niño. Que se investigue a dos jueces de Buenos Aires. Sostiene que son miembros de una asociación ilícita. La Fiscalía insiste en los rituales umbandas
A dos meses y medio del inicio de la causa por presunta corrupción de menores y abuso sexual en perjuicio de un niño de 8 años en Las Termas de Río Hondo, la investigación avanza y ayer durante una audiencia se ventilaron detalles macabros y sin duda alguna el pedido de la defensora oficial fue los más sorprendente del debate.
Este lunes se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Fiscalía para pedir la prisión preventiva de la mamá de la víctima, su abuela, su tía y su supuesto abusador, lo cual fue concretada para todas esas personas. Pero eso quedó en segundo plano tras los planteos de la defensora oficial y representante del Ministerio Público Pupilar, Dra. Ana Silvia Gerez, quien pateó el tablero judicial y pidió la captura del padre del menor e impulsar la investigación de magistrados y funcionarios intervinientes por presunta asociación ilícita, sustracción de menores entre otros gravísimos delitos.
La representante tutelar —quien cuida el interés supremo del pequeño— denunció irregularidades en el trámite procesal que propició el traslado de la víctima fuera de su jurisdicción provincial originaria.
En el marco de la audiencia desarrollada en Las Termas de Río —ante el Dr. Diego Vittar como juez de Control y Garantías— la letrada solicitó formalmente la orden de captura nacional e internacional del progenitor con el objetivo prioritario de lograr su inmediata localización y restitución al centro de vida del pequeño.
La Dra. Gerez enfatizó que hasta el momento de la audiencia nadie sabía el paradero del menor y su padre. El niño fue dado de alta en el Garrahan y su padre se lo llevó sin informar —al menos hasta el momento— dónde residen, según dijo la funcionaria.
Asimismo, reclamó investigar la actuación del padrino del menor, sobre quien ya pesa una orden de detención vigente y está prófugo de la Justicia. La Dra. Gerez pidió que se le exija a un representante del MPF su situación ya que —supuestamente— habría sido mencionado en la causa.
También requirió la citación a prestar declaración a sus propio colega el Dr. Giordano, integrante de la Defensoría Oficial local, para determinar “de quién recibió instrucciones procesales previas”. En tanto al Dr. Roberto Jordán, le imputa haber impulsado la audiencia de excarcelación del progenitor sin dar la obligatoria intervención previa al Ministerio Tutelar.
Según su planteo, esta grave omisión administrativa “vulneró el esquema de protección de derechos humanos y garantías constitucionales que amparan al menor de edad”.
En tanto en el fuero porteño, las acciones legales solicitadas por la Dra. Gerez apuntan a la titular del Juzgado Civil N° 82 de CABA, Dra. Soledad Valente, y al juez Javier Alejandro Siderio. La defensora solicitó que sean investigados por presunta asociación ilícita, sustracción de menores e incumplimiento de deberes, tras haber avalado el traslado del niño a Buenos Aires mediante instrumentos con supuesta falsedad ideológica.
La petición de la Dra. Gerez requiere adicionalmente la intervención del Ministerio Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus funcionarios operativos. Pero el pedido de Gerez fue más allá y paralelamente, la representante legal solicitó la urgente actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar las decisiones de magistrados que consideró incompetentes en materia territorial.
Fuera de esta participación de la defensora, por su parte la fiscal Dahiana Pérez Vicens atribuyó a la familia del menor ser partícipes de dos ataques sexuales: en una fiesta de cumpleaños y en fiestas sexuales, algunas umbandas, con la madre del niño como protagonista.
Durante el debate, que se extendió por más de cinco horas, los abogados se enfrentaron en un áspero duelo verbal, potenciado por un informe del Hospital Garrahan prácticamente descartando vejaciones sexuales.
La defensa de las tres mujeres —Dra. Natali Moreno— señaló que son ajenas a cualquier ataque sexual e instó a la triple excarcelación. También hicieron lo propio los abogados del anfitrión de la fiesta, preso, Roxana Mera y Guillermo Salvatierra Paz.
Finalmente, el juez Vittar refrendó la preventiva para la madre, tía y abuela del menor por presunta “corrupción de menores”, aún cuando no cayó la de la participación en la endeble figura de “partícipes en abuso sexual”.
El único “ganador” fue el anfitrión de la fiesta de cumpleaños. El magistrado dispuso su excarcelación y le concedió “falta de mérito”. A pesar de haber recuperado la libertad en forma inmediata al cierre de la jornada, el individuo continuará supeditado a la sustanciación de la causa penal.
Los abogados enfatizaron que el menor proveyó nombre de su presunto abusador, pero no tendría relación alguna con la fisonomía y perfil psicológico del hombre, quien retornó a su hogar al cierre de esta edición. Además, el Dr. Vittar ordenó que el Ministerio Público Fiscal inicie una investigación ante los dichos de la Dra. Gerez, quien aseguró durante el debate que puede aportar pruebas contundentes.
CABA mantiene su postura tutelar en medio d dictámenes médicos contrapuestos
Las autoridades judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene una abierta injerencia en la causa al negarse a restituir al menor a Santiago del Estero bajo el argumento de la protección tutelar. No obstante, un reciente informe técnico del Hospital Garrahan descartó signos de vejación sexual en el niño.
Este dictamen médico porteño debilitó la hipótesis de la fiscalía y generó un fuerte contrapunto con los peritos forenses santiagueños, quienes habían ratificado la existencia de lesiones. La disparidad entre ambos cuerpos profesionales mantiene paralizada la definición técnica del expediente penal.
Frente a ello, las partes analizan recurrir a un tercer pronunciamiento médico de carácter neutral en la Capital Federal. Sin embargo, la falta de consensos científicos convirtió el diagnóstico procesal en una encrucijada legal de difícil resolución.
La Fiscalía profundiza la hipótesis sobre supuestos rituales umbandas
Tras obtener las prisiones preventivas del entorno familiar directo, la fiscal Dahiana Pérez Vicens reorientó la investigación hacia la red de participantes de rituales umbandas. La Policía de la provincia trabaja intensamente en la identificación de domicilios y contactos vinculados a la progenitora.
El avance de esta línea investigativa surge del testimonio brindado por el menor en Cámara Gesell, donde describió ceremonias clandestinas con presencia de terceros. Las manifestaciones vertidas por la víctima fundamentaron el agravamiento de los cargos por corrupción de menores contra las acusadas.
A pesar de los elementos colectados, la representación fiscal avanza con estricta cautela para reunir pruebas sólidas antes de ordenar nuevas medidas de detención. El MPF busca consolidar el cuadro probatorio y evitar nulidades procesales.