Hay ocho denuncias en contra de Corti, incluso la de dos policías locales

Iara Pereyra, su mamá, Micalea Bassett y su papá y dos funcionarios de la fuerza acusan al entrenador físico por lesiones y amenazas.

El detenido por violencia de género Sebastián Gustavo Corti, quedó en el centro de la mira judicial donde acumula al menos ocho denuncias en su contra, en su mayoría en un contexto de violencia de género. Entre los hechos que se le atribuyen, dos tienen como víctimas a efectivos policiales, lo que agrava aún más su situación procesal.

De acuerdo con la imputación fiscal, Corti enfrenta cargos por lesiones leves calificadas, amenazas coactivas reiteradas y resistencia contra la autoridad, en distintos episodios que involucran a dos mujeres con las que mantenía relaciones: Micaela Bassett y Iara Pereyra.
Según sostiene la investigación judicial, los hechos entre las parejas habrían ocurrido entre febrero de 2025 y marzo de 2026, y describen un patrón de violencia física, psicológica y control extremo por parte del imputado.

Ayer se le hizo una ampliación de acusación en donde la causa sostiene que uno de los episodios más graves señala que Corti habría golpeado a Micaela, quien era en ese momento su pareja, con una llave en la frente, provocándole una herida sangrante. En otro hecho, la habría arrojado al piso, pateado y presionado el cuello con la rodilla, hasta hacerla desmayar. Además, la habría obligado a realizar denuncias falsas, bajo amenazas de difundir videos íntimos.

La investigación también detalla situaciones de hostigamiento y amenazas constantes, incluyendo mensajes intimidatorios y exigencias para que las víctimas actuaran bajo sus órdenes. En uno de los casos, incluso habría advertido: “Yo por un palo puedo hacer que te entierren por ahí y nadie va a saber nada de vos”, según consta en el expediente judicial.

Respecto de la otra denunciante, Pereyra, se describen agresiones físicas reiteradas: golpes en el rostro, tirones de cabello, empujones y lesiones con objetos, además de amenazas para impedir que realizara denuncias o se sometiera a controles médicos. Los informes médicos incorporados a la causa constatan lesiones con tiempos de curación de 10 días.

A través del Dr. Gabriel Coronel Chalfón, que representan a los dos jóvenes, la mamá de Iara y el papá de Micaela también denunciaron al preparador físico por lesiones y amenazas. Además el letrado manifestó a EL LIBERAL que en los próximos días una hermana de las víctimas brindará declaración testimonial.

Pero hay más. El último hecho imputado a Corti ocurrió el 11 de marzo pasado, cuando tras varias semanas de permanecer prófugo, personal policial intentó detenerlo en esta capital. Según la acusación, Corti arrojó su moto contra un efectivo, lesionándolo, y luego intentó escapar incluso desde el móvil policial, agrediendo también a una oficial durante el forcejeo. Ambos uniformados resultaron con lesiones leves y lo denunciaron.

Ayer Corti –representado por el Dr. Martín Rojas– rechazó las acusaciones en su contra y aseguró ser víctima de una situación de hostigamiento, especialmente por parte de una de su ex parejas. En cuanto al procedimiento de detención, Corti denunció haber sido víctima de violencia policial. Afirmó que los efectivos no se identificaron correctamente y que pensó que se trataba de un robo. También negó haber arrojado su moto contra un uniformado, indicando que el vehículo cayó durante el forcejeo.

Además, aseguró que fue golpeado durante el traslado, tanto dentro del móvil como en la vía pública, e incluso en dependencias policiales. Según su relato, recibió patadas, golpes de puño y habría sido desmayado tras una agresión. Finalmente, indicó que no realizó una denuncia formal por estos hechos por recomendación de sus allegados aunque dejó asentada su versión en el expediente judicial.

Relaciones marcadas por el control, amenazas y denuncias

Uno de los aspectos que más se destaca en la causa es el contexto de relaciones atravesadas por violencia, manipulación y control, según surge de los testimonios y evidencias recolectadas por la Unidad Fiscal que lleva adelante la causa.

Las denuncias describen situaciones en las que las víctimas habrían sido forzadas a realizar denuncias falsas, presionadas para mantener determinadas versiones de los hechos o directamente amenazadas con la difusión de material íntimo.

En varios episodios, el imputado habría ejercido un fuerte control sobre los movimientos, decisiones y vínculos personales de las mujeres, incluyendo el manejo de sus teléfonos celulares y su entorno social.

También, según informe de expertos que intervinieron en la causa, se advierte un patrón de violencia escalonada, que va desde agresiones verbales y amenazas, hasta hechos físicos concretos que derivaron en lesiones certificadas por médicos policiales.

A esto se suma la existencia de medidas judiciales previas, órdenes de detención, allanamientos y hasta el rechazo de un hábeas corpus presentado por la defensa, lo que refleja la complejidad del caso y la intervención constante de la Justicia.